El derecho se exige, no se pide.

El castellano, maltratado por los nacionalistas.

La lengua que nos une a cerca de 500 millones de hispanohablantes, debe quedar fuera de la política. La política interesada y miope, termina haciendo que la lengua nos separe y discrimine. La justicia que interviene, no se aclara. ¿Es independiente y libre?

¿Se imaginan lo que es vivir en un país, o en determinado territorio de ese país en el que te hacen sentir extraño, discriminado y maltratado por no poder usar tu propia idioma? Sí, el mismo que vio nacer esa misma lengua que es hablada en el mundo por 500 millones de hombres y mujeres, es España.

Años de autonomía política insaciable, condescendiente primero con el nacionalismo, hoy en algunos lugares se ha convertido en abiertamente independentista. Hay 17 parcelas de territorio nacional. Y cada una con su presidente, su gobierno y su parlamento. Se utiliza el poder y los poderes, pero también el dinero de todos, haciendo de la lengua el estandarte para llegar a donde haga falta. Pongamos como ejemplo a Cataluña. Ha gobernado el PSOE hasta hace poco. Ahora gobierna el nacionalismo con apoyo del PP. El actual Presidente Artur Mas, acaba de decir que Cataluña tiene derecho a tener "las estructuras y poder que le permitan garantizar su viabilidad como país, su identidad, lengua, aspiraciones de futuro y sueños" en la UE.

Viene esta afirmación a cuento de que ha habido un órdago a la grande con la lengua: con la “inmersión lingüística” en la enseñanza; con la obligación de rotular en catalán de forma absoluta y excluyente, multando incluso a los disidentes etc. Por supuesto el conocimiento del catalán en Cataluña está muy bien, pero una cosa es el conocimiento de la lengua catalana y otra cosa su imposición única y exclusiva en esa comunidad, y de usarla como una herramienta discriminatoria para el acceso al trabajo en centros oficiales.

Hay que tener en cuenta que en las 4 provincias catalanas hay, por supuesto, castellano hablantes; también hay inmigrantes; y puesto que es una zona turística de primer orden, muchos extranjeros. El turismo que visita Cataluña puede provenir de otros lugares de España y también de otros países.

El ciudadano castellano hablante ha sido ignorado, cuando no sencillamente despreciado. El residente hispano hablante, en Cataluña, al no verse amparado ni respetado en sus derechos no ha tenido más que dos opciones: abandonar Cataluña (si su trabajo, familia y estatus se lo permitían) o recurrir a la justicia. (La tercera vía era plegarse a las exigencias del poder y muchos lo han hecho).

El ciudadano, para su sorpresa, su asombro o su decepción, se han dado cuenta que en esta Babel Autonómica, hay ciudadanos de primera y de los otros. (Se ha denunciado que La Generalitat esconde la casilla del castellano en la preinscripción escolar). Y que también hay dos justicias. Aún más, -es terrible-: la justicia no es igual para todos como proclama el artículo 14 de la Constitución: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. ¿No es discriminar si no puedes usar tu propio idioma?

Por lo menos 800 familias solicitaron, en Cataluña, que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano, como lengua vehicular, ya que en este territorio se adoptó el catalán como lengua para recibir la educación. Como no se les hizo caso, algunas familias (3 por lo menos) optaron por recurrir a la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no les dio la razón. Recurrieron entonces al Tribunal Supremo y éste anuló una sentencia del TSJC y estimó la demanda de los padres. Es más, ordenó a la Generalidad (gobierno catalán) que adaptase su sistema educativo a la doctrina del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en el sentido de que el castellano debe ser también lengua vehicular en Cataluña. Ambas lenguas son cooficiales.

Pero eso no ha dejado resuelto el tema. El presidente del TSJ de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, cree que la sentencia sobre la inmersión lingüística del catalán solo afecta a los denunciantes. Para él, la sentencia solo da respuesta a la demanda de las familias denunciantes y no cuestiona el modelo de inmersión lingüística.

El Magistrado José Luis Requero también es de esa opinión. Según Requero lo que hace el tribunal es darle la razón a los padres y “limita a ellos su pronunciamiento para que la Generalidad garantice que sus hijos recibirán enseñanza en castellano, pero no juzga el sistema de normalización porque no se juzga el sistema de enseñanza en catalán”.

Las cosas deberían cambiar, pero unos y otros piensan recurrir. Antes, ahora y mientras, los niños son usados como moneda de cambio, irán creciendo, y cuando llegue una respuesta práctica, pueden ser abuelos. Mientras llega ese día se debe tener en cuenta que, casi peor que la inmersión obligatoria en catalán en la enseñanza, es el adoctrinamiento ideológico que se está produciendo vía oficial en la práctica y vía medios de comunicación.

Cierto que como dice el Magistrado Requero esa sentencia “directamente no ha juzgado el sistema de inmersión, pero lo resuelto para esos padres es lo que deberá hacer la Generalidad si otros lo piden. Se ha modulado el sistema y se han abierto muchas posibilidades para la libertad”. Jurídicamente es así. Y políticamente encantados de que sea así.

Pero la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, se pregunta si los derechos “hay que pedirlos” a los gobernantes, o si cada familia tiene que “demandar” a los políticos ante los jueces, para que se le conceda la libertad de ejercer sus legítimos y constitucionales derechos. ¿No sería más razonable que se sacaran las consecuencias lógicas de la sentencia, por el bien de los ciudadanos y no que los políticos se limitasen a acatar las leyes en los estrictos límites del pleito? Lo que se teme la ciudadanía, es que el acatamiento teórico no se traduzca en hechos. ¿No se puede sentar jurisprudencia hasta que se resuelvan las demandas de todos los castellano hablantes que ”lo pidan”? ¿Quién tiene que hacer cumplir las decisiones judiciales? o mejor, ¿qué consecuencias se derivan del incumplimiento? Para el ciudadano está claro, pero ¿y para los gobernantes? Lo digo porque el Departamento de Educación "no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo" que le obliga a garantizar la escolarización en castellano de las tres familias que recurrieron.

Acaban de preguntar al recién estrenado ministro de Educación, José Ignacio Wert que es quien marca la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la nación en materia educativa, si considera que es inconstitucional el modelo de inmersión lingüística que planeta Cataluña. Estas han sido sus palabras: “No soy quién para considerarlo porque hay una sentencia del Constitucional y varias del Supremo en las que se considera conforme a la Constitución la inmersión lingüística en Cataluña siempre y cuando no atente contra el derecho de recibir educación en castellano como lengua vehicular a quien lo solicite. Ahora se habla del auto del TSJ de Cataluña, pero se pierde de vista que es un auto que no es firme, porque puede recurrirse, y que no entra en el fondo de la cuestión”.

Pero, como nosotros hemos dicho, la calle se pregunta por qué Cataluña nunca obedece la jurisprudencia ya existente. Es verdad que tiene transferida la competencia en educación, pero algo tendría que decir el ministro de la nación, y sus palabras han sido:
“Que las familias tienen derecho a que sus hijos estudien en castellano. Eso es lo que han dicho los tribunales”.

Cierto. Pero ¿se refiere a tres familias como opinan los jueces, o todas las familias que lo deseen? Esta es la cuestión y esto es lo que hay que garantizar, señor Wert. Y tanto los jueces, como los gobiernos tienen que saber que, para educar a los niños, mañana es ya tarde. Lo que se desprende de toda esta polémica es que los políticos se van a seguir enrocando en torno a la justicia, olvidándose de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los intereses políticos, los pactos y los apoyos necesarios en Cataluña y Madrid han jugado siempre en contra del ciudadano. Ahora, añadirán además, que no hay dinero, aunque se siga malgastando en embajadas, traducción al catalán de películas, aunque los cines estén vacíos, etc. Pese al tiempo transcurrido, no parce que haya verdadera voluntad de solucionar el problema. No nos engañemos. El castellano es maltratado en Cataluña, pero principalmente lo es, el ciudadano, rehén del negocio político-nacionalista. Lo cual no deja de ser una burla democrática.

PUBLICADO en EL HERALDO DEL HENARES, art.op. LA TANGENTE 30-03-2012; http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=12818; Bitácora de BELMONTE en CiViCa, 01-04-2012; http://www.investigadoresyprofesionales.org/drupal/content/el-derecho-se-exige-no-se-pide-el-castellano-maltratado-por-los-nacionalistas ; LA ESFERA DIGITAL, A FAVOR DE LOS VALIENTES,02-04-2012 http://www.laesferadigital.es/blogs/a-favor-de-los-valientes/153-el-derecho-se-exige-no-se-pide-.html