Si se pasa de la inmunidad parlamentaria, a la inmunidad judicial, a la insolidaridad fiscal, llegaremos al todo vale.
La inmunidad parlamentaria puede ser un blindaje que proporcione una protección extra ante delitos comunes. Si se abusa de esa prerrogativa, entramos en el juego sucio de la política. El derecho ampara a todos y cada uno, pero de ahí que el partido por cuyas siglas alguien ha obtenido su escaño tenga que abrigarlo y hasta esconderlo de la ajusticia, es causar un daño al partido y a la política en general.
La corrupción en ningún caso esta amparada por la Constitución. Del Rey para abajo, cada uno debe responder de sus actos ante la ley. ¡No hay excepciones!
Hay dos líneas rojas, dos extremos en este campo: la presunción de inocencia y el linchamiento político. Para que el juego discurra por esos cauces está el juez. Si hay indicios, que la justicia actúe, y si está limpio saldrá reforzado.
Y el juez ¿no puede ser juzgado?. No hay nadie exento de cumplir la ley. El juez debe cumplirla el primero y también hacerla cumplir. Para eso está. Si en el ejercicio de su profesión no cumple la ley, o la malinterpreta tiene que responder ante la justicia. Deben buscarse las pruebas, la evidencia de los hechos. Es eso lo que se juzga no a la persona. Lo importante no es quien pone la denuncia, sino que sea verdad.
Como en los partidos de la máxima rivalidad, siempre hay mucho en juego. Las filias y fobias son libres. Las apuesta también son legitimas. Lo que está prohibido es amañar los partidos, comprar voluntades, o amenazar al contrario. O se impone el respeto y la ley, o se suspende o incluso se anula el partido. La presión es normal; las amenazas, la coacción y la fuerza no.
¿Hay intocables? Rotundamente:¡NO! Ante la ley “todos iguales”, o nos cargamos la democracia y el Estado de Derecho. No es una infamia que la justicia actúe.
Digo esto por el revuelo nacional e internacional por que el juez Garzón pueda sentarse en el banquillo. Hay campañas en los medios e incluso por correo. Por este medio me ha llegado de Amnistía Internacional, para que me sume a su campaña ya que según Esteban Beltrán “Si este juicio se produce, será la primera vez en todo el mundo – al menos que tengamos constancia en Amnistía Internacional - que un magistrado, en democracia, es sentado en el banquillo por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes internacionales”.
Pues mire no. Tanto respeto me merece Garzón como Varela, como usted mismo. Pero, tenga constancia de ello Amnistía Internacional o no, nadie va a verse “sentado en el banquillo por intentar conseguir la verdad, justicia y reparación para las victimas de crímenes internacionales”. En España puede haber sus más y sus menos, pero no nos hemos vuelto todos locos.
Es cierto que en su escrito matiza un poco cuando señala que“Amnistía Internacional considera insólito que el juez Garzón pueda ser juzgado por investigar las desapariciones de más de 100.000 personas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Tal vez no sepa que en la guerra civil hubo víctimas en los dos bandos. Debe saber que en el 98 una asociación de victimas de la guerra civil y sus familiares, había interpuesto una querella, y el 24 de enero de 2000 el juez Garzón la desestimó: “porque los fusilamientos están prescritos al haber transcurrido más de veinte años”. Además porque la amnistía otorgada en 1975 “veda cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos de nuestra guerra civil”. Y añadiendo que “el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos”.
Si esto es así, para las “victimas de Paracuellos”, ¿puede ser distinto para las otras victimas a las que usted alude?. Esa es la cuestión: la justicia debe ser igual para todos.
No se pueden tener dos raseros, ni doble moral. Hace pocos días Amnistía Internacional informaba de las ejecuciones, y de la pena de muerte en el mundo. Escribí entonces y ahora lo repito que muchos países que han abolido en su legislación la pena de muerte, sin embargo aprueban el aborto, y como en el caso de España lo elevan a la categoría de “derecho”. Esto es doble vara de medir. Pero Amnistía no dijo ni una palabra de esas muertes. Sin duda 714 penas de muerte en todo el mundo, son muchísimas. Seguro que ciento quince mil muertes por aborto, tan solo en España, para Amnistía Internacional, no son nada.
Pues que sepa Amnistía que las victimas de este genocidio, que lo es, no tienen ni abogado, ni juez de oficio, ni juez estrella. Ahora han entrado de lleno en la cadena de consumo y se las puede eliminar en las rebajas. Y éstas, duran todo el año.
¿No se puede denunciar el juego sucio? ¿De qué justicia hablamos?
PUBLICADO en EL HERALDO DEL HENARES 11-09-2010 ; EL DIA 12-O4-2010
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