Se está presentando la nueva ley del aborto , como una panacea: “con la futura ley, moderna, necesaria, no perderá nadie, ganaremos todos y todas, desde cualquier perspectiva”.
Veamos algunas perspectivas. Desde la perspectiva del niño no nacido, la ley le arrebata su derecho fundamental a la vida. Arrancar a este ser humano del seno materno, es condenar a muerte a un ser humano. Lo cual está en contradicción con nuestra constitución y con la sentencia del STC 116/1999 que determina «abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como garantía última, las normas penales”.
Nos puede explicar alguien, ¿qué poder público hace cumplir ésta sentencia?.
Según la Ministra de Igualdad, desde la perspectiva de la madre: “se trata de proteger a las mujeres para que puedan interrumpir su embarazo dentro de unos plazos legales perfectamente definidos”.
Según los expertos, con la ruptura violenta de la relación entre madre e hijo, se provocan graves daños físicos, psicológicos y humanos a la mujer. Una cosa es “despenalizar” para facilitar el aborto y otra muy distinta que la mujer “gane” con la nueva ley. La mujer tiene derecho a saberlo. Y la niña-mujer de 16 años también. ¿Puede el estado sustituir en éste caso a los padres de la joven?. ¿No se discrimina también al padre de la criatura causante del embarazo?.
En dos ocasiones, últimamente, se ha hecho públicamente la pregunta del millón. Se trata de que dieran su opinión sobre el aborto, el tema ético que más controversia suscita en la actualidad. En el programa“Tengo una pregunta para usted”, la pregunta se le hizo al Presidente del Gobierno y ...no contestó.
Pocos días después, se le hizo la misma pregunta a Rajoy. A éste la pregunta se la hizo una mujer que padece una anormalidad prenatal, por la cual, como ella misma dijo, podía haber sido abortada. Más que la respuesta, me interesa, la mujer misma que hace la pregunta, y lo consciente que es de su situación. En efecto, la nueva ley es discriminatoria, porque con la nueva ley de plazos, éstos se pueden saltar si hay alguna malformación, o enfermedad grave. Es “discriminatoria por conceder menor valía a la vida de una persona que probablemente llegue a tener una discapacidad”, dice una discapacitada, Ana Peláez, que es Vicepresidenta del Comité Internacional de Defensa de los Derechos de las Personas con discapacidad. Y Presidenta de la Comisión de la Mujer, y comisionada de Género ante la UE, con su labor en la ONU.
Luego, desde la perspectiva de las personas con alguna discapacidad la nueva ley es discriminatoria. Según la citada autoridad: “si vamos a la ley de plazos, hay que meter en esa ley a todo el mundo”.
Así pues, no se protege más la vida del feto. No se protege más a las madres. Y se hace discriminación en la misma ley de plazos, para las malformaciones. Entonces, en palabras de la nueva Ministra de Sanidad Trinidad Jiménez: “Ahora se trata de aprobar la ley para ofrecer más seguridad a mujeres y profesionales”. ¿Es que ha ido a la a cárcel alguna mujer en todos estos años?. ¿No será que el deseo es convertir todos los hospitales del estado en abortistas y que los paguemos entre todos?. Pues dígase.
Veamos algunas perspectivas. Desde la perspectiva del niño no nacido, la ley le arrebata su derecho fundamental a la vida. Arrancar a este ser humano del seno materno, es condenar a muerte a un ser humano. Lo cual está en contradicción con nuestra constitución y con la sentencia del STC 116/1999 que determina «abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como garantía última, las normas penales”.
Nos puede explicar alguien, ¿qué poder público hace cumplir ésta sentencia?.
Según la Ministra de Igualdad, desde la perspectiva de la madre: “se trata de proteger a las mujeres para que puedan interrumpir su embarazo dentro de unos plazos legales perfectamente definidos”.
Según los expertos, con la ruptura violenta de la relación entre madre e hijo, se provocan graves daños físicos, psicológicos y humanos a la mujer. Una cosa es “despenalizar” para facilitar el aborto y otra muy distinta que la mujer “gane” con la nueva ley. La mujer tiene derecho a saberlo. Y la niña-mujer de 16 años también. ¿Puede el estado sustituir en éste caso a los padres de la joven?. ¿No se discrimina también al padre de la criatura causante del embarazo?.
En dos ocasiones, últimamente, se ha hecho públicamente la pregunta del millón. Se trata de que dieran su opinión sobre el aborto, el tema ético que más controversia suscita en la actualidad. En el programa“Tengo una pregunta para usted”, la pregunta se le hizo al Presidente del Gobierno y ...no contestó.
Pocos días después, se le hizo la misma pregunta a Rajoy. A éste la pregunta se la hizo una mujer que padece una anormalidad prenatal, por la cual, como ella misma dijo, podía haber sido abortada. Más que la respuesta, me interesa, la mujer misma que hace la pregunta, y lo consciente que es de su situación. En efecto, la nueva ley es discriminatoria, porque con la nueva ley de plazos, éstos se pueden saltar si hay alguna malformación, o enfermedad grave. Es “discriminatoria por conceder menor valía a la vida de una persona que probablemente llegue a tener una discapacidad”, dice una discapacitada, Ana Peláez, que es Vicepresidenta del Comité Internacional de Defensa de los Derechos de las Personas con discapacidad. Y Presidenta de la Comisión de la Mujer, y comisionada de Género ante la UE, con su labor en la ONU.
Luego, desde la perspectiva de las personas con alguna discapacidad la nueva ley es discriminatoria. Según la citada autoridad: “si vamos a la ley de plazos, hay que meter en esa ley a todo el mundo”.
Así pues, no se protege más la vida del feto. No se protege más a las madres. Y se hace discriminación en la misma ley de plazos, para las malformaciones. Entonces, en palabras de la nueva Ministra de Sanidad Trinidad Jiménez: “Ahora se trata de aprobar la ley para ofrecer más seguridad a mujeres y profesionales”. ¿Es que ha ido a la a cárcel alguna mujer en todos estos años?. ¿No será que el deseo es convertir todos los hospitales del estado en abortistas y que los paguemos entre todos?. Pues dígase.
PUBLICADO en EL DIA el 28 de abril de 2009
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